Urralburu y Aragón permanecen encarcelados en la prisión de Logroño desde el pasado 1 de diciembre, imputados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona del delito de cohecho continuado, por su presunta cobro de comisiones a empresas a las que se adjudicaron obras públicas durante los gobiernos PSN-PSOE en la comunidad foral.

Frente a la demanda del ministerio fiscal de rebajar la fianza a 35 millones y la negativa de varias acusaciones de que se otorgara l libertad provisional para ambos reclusos, la juez Marisol Alejandre ha decidido no acordar el excarcelamiento, por entender que aún existen posibilidades de que Gabriel Urralburu puedan huir de la justicia, dado que ambos tienen intereses económicos en Suiza.

En el caso de Antonio Aragón, la magistrada ha decretado otras medidas cautelares contra él para el caso de que acceda a la libertad, como son la obligación del ex consejero de comparecer en el juzgado cada semana y cuántas veces sea requerido pra ello y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional con la retirada de su pasaporte.

En los autos dictados, el juzgado considera que ambos ex altos responsables del Gobierno foral podrían verse enfrentados a una condena de prisión mayor, pese a que también considera que ha disminuido el riesgo - tras más de 4 meses de prisión- de que intenten escapar de la justicia.

En ambos casos, el juzgado estima que tienen bienes suficientes para hacer frente a la nueva fianza, puesto que no e les ha embargado todas sus posesiones. Respecto a Urralburu, se precisa además que su familia ha vendido los dos chalets que su familia tuvo en una urbanización de Rota, sin que se conozca el paradero del dinero obtenido en la venta.