El mismo auto confirma la fianza de 100 millones de pesetas que el juez instructor del "caso Urralburu", Juan Manuel Fernández, impuso al ex presidente navarro y su consejero de Obras Públicas para eludir la cárcel.

La sala segunda de la Audiencia Provincial entiende que, hoy por hoy, existen indicios de que el ex presidente foral y su consejero de Obras Públicas cometieron un delito de cohechocontinuado mediante el cobro de comisiones a constructoras a las que se adjudicaron algunas grandes obras en esta comunidad.

Aunque la sala reconoce que la prisión provisional es una medida excepcional, precisa que debe mantenerse en este caso, dada la gravedad de los hechos que se investigan y que podrían acarrear una condena de más de 6 años de cárcel.

Otras circunstancias que obligan a mantener la decisión del juzgado instructor son la alarma social que se ha provocado y el riesgo "no desdeñabe" de fuga de Urralburu y Aragón, dados sus conocidos intereses y actividades en Suiza.

La Audiencia ha estimado proporcional y equilibrada la fianza interpuesta por el juez Fernández, a la vista "del montante económico que rezuman las presentes actuaciones".

Pese a que los abogados de Urralburu y Aragón nada opusieron al relato de hechos del juzgado instructor, calificado por la Audiencia de "minucioso y revelador", ésta recalca que todas las pruebas obtenidas hasta el momento contra los ex dirientes del PSN-PSOE demuestran "de forma indiciaria el desmesurado e injustificado incremento patrimonial de los inculpados".