Entre las dificultades señaladas por los fiscalizadores hace seis años se indica la correspondiente a la recepción de información parcial acerca de los denominados "donativos anónimos", uno de los aspectos que centran ahora la investigación judicial y policial sobre el `caso Sóller'.

La procedencia específica de cada una de las aportaciones económicas de 1989, en forma de "donativos por captación propia" o como "donaciones anónimas"-permitidas por la Ley Orgánica 3/1987-, ha sido requerida al PP balear por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Juan López Gayá.

A través de dicha documentación, que incluye todo movimiento económico en caja y en las cuentas corrientes abiertas, López Gayá quiere saber lo que en su día no pudo constatar el Tribunal de Cuentas: la relación completa y específica de cada "donación anónima" recibida.

Una de las líneas de análisis, según fuentes judiciales consultadas por Servmedia, sugiere la comprobación nominal de las "donaciones anónimas" para confirmar que una parte de las presuntas comisiones ilegales no llegaron a través de este tipo de aportaciones.

Como ya es público, y consta en el informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional, alrededor de 50 millones de pesetas fueron ingresadas en cuentas corrientes a nombre de varios miembros del Gobierno balear.

Entre estos se encuentra el secretario general del PP balear, José Antonio Berastain. Ese, como el resto, ha negado reiteradamente que ese dinero procediera directamente de la empresa de Antonio Quart -amigo personal y ex socio de Gabriel Cañellas-, concesionaria en los primeros años de las obras del túnel de Sóller.