El representante legal de IU, Jaime Bueno, no descartó, en declaraciones a los medios informativos, presentar un recurso de queja ante la Sala de lo Civil y de lo Penal contra la decisión adoptada ayer por el juez. Sendos recursos de la acusación particular y el fiscal contra la división del sumario del "caso Túnel de Sóller", presentados la pasada semana, fueron ignorados por el juez.

El magistrado instructor del caso, Juan López Gayá, devolvió las diligencias reltivas a Cuart, por los presuntos delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, al juzgado de instrucción donde se iniciaron las investigaciones del "caso Túnel de Sóller".

López Gayá seguirá instruyendo los delitos de prevaricación y cohecho, que, según Izquierda Unida, son imputables al ex presidente del Gobierno Balear Gabriel Cañellas, y al Consejo de Gobierno que aprobó la adjudicación del proyecto en 1988.

La decisión del juez, según fuentes cercanas al caso, obedece a que, desde su puto de vista, los delitos atribuidos a Cuart pueden investigarse de forma separada a los supuestos delitos de prevaricación y cohecho que cometieron personas que gozan de la calificación de aforados.

IU y el fiscal discrepan de la citada argumentación, ya que consideran que las presuntas irregularidades cometidas por el empresario contribuyen a una mejor comprensión del supuesto cohecho.

Según los informes policiales que obran en poder del magistrado, las presuntas comisiones que cobraron altos cagos del PP balear o entidades relacionadas con la formación conservadora ascendieron a cincuenta millones de pesetas.