López Gayá investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares los presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho que pudieron cometer, entre otros, Gabriel Cañellas; el actual consejero de la Función Pública del Gobierno balear y ex secretario general del PP alear, José Antonio Berastain; y el adjudicatario del Túnel de Sóller, el empresario Antoni Cuart.

El representante legal de Izquierda Unida Jaime Bueno, que ejerce la acusación particular, declaró hoy a Servimedia, después de conocer el auto del juez, que "la instrucción ha ratificado una por una las acusaciones que fundamentaron nuestra denuncia por lo que es el momento procesal oportuno para poner sobre papel en blanco esas acusaciones".

El ex presidente y hoy diputado autonómico Gabriel Cañelas declinó hacer declaraciones. Su abogado defensor, Rafael Perera, solicitará en su escrito de calificación el archivo de la causa por considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito, tal y como ha hecho en varias ocasiones durante la fase de la instrucción.

El ministerio fiscal también deberá pronunciarse sobre el caso. El juez decidirá posteriormente si abre juicio oral o archiva la causa.

La investigaciones del caso Túnel de Sóller se iniciaron en verano de 1994 en el Jugado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca al descubrirse una factura falsa de la compañía concesionaria de Antoni Cuart.

Las pesquisas policiales señalaron que un talón de la citada compañía de 50 millones de pesetas fue a parar a cuentas del PP de Baleares o altos cargos del partido a partir de enero de 1989, meses después de la adjudicación del proyecto (18 de noviembre de 1988).

Ante la existencia de aforados en la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Pere Barceló se nhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia. Semanas después de conocerse los informes policiales, en julio de 1995, la dirección nacional del PP forzó la dimisión de Gabriel Cañellas al frente del Gobierno balear.