En su escrito de calificaciones, IU solicita para Gabriel Cañellas una pena de de tres años de prisión y veinte de inhabilitación para ocupar un cargo público, así como una multa de 150 millones de pesetas, por los presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho en la adjudicación del túnel de Sóller.

IU imputa también delitos de prevaricción y cohecho a dos miembros del Ejecutivo balear, el consejero de Medio Ambiente, Bartomeu Reus, y el titular de Función Pública e Interior, José Antonio Berastáin.

Antoni Rami defendió en rueda de prensa la presunción de inocencia de los dos consejeros y advirtió que la tradición cultural del Partido Comunista "es la de rechazar el Estado de derecho por considerarlo un Estado burgués". "No respetan el Estado de derecho, y por ello hacen una utilización política del sistema judicial".

El consejro de Economía acusó a IU de querer "erosionar el Gobierno legítimamente elegido en unas elecciones democráticas" y de "utilizar el sistema judicial contra otro poder democrático". Según Antoni Rami, la coalición de izquierdas no respeta "el derecho de inocencia que reconoce nuestra Constitución".

Tras conocer las declaraciones de Antoni Rami, el coordinador general de IU en Baleares, Eberhard Grosske, insinuó a los medios de comunicación que el consejero de Economía consume sustancias estupefacientes

Grosske aconsejó a Antoni Rami "que no consuma, según qué cosas", y comentó que las declaraciones del consejero podrían deberse a la consumición de "coca, éxtasis o heroína en mal estado".

El dirigente de IU balear recomendó al consejero de Economía que acudiese a un médico, "porque esto se puede curar", y añadió: "Yo no tengo la culpa de tener un consejero que hace declaraciones alucinadas".

El líder balear de IU pidió a Antoni Rami a través de los medios de comunicación "que se preocupe d lo que dice el escrito, porque le interesa desde el punto de vista ético", y agregó que "si no sabe lo que significa la palabra ética, la podrá encontrar en cualquier diccionario".