Por contra, Rafael Perera, abogado del ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas, uno de los imputados en este "affaire", declaró a esta agencia que la decisión es "intrascendente" y "no afecta para nada a la causa".

El juez Juan López Gay ya dio por culminada la fase de instrucción. Ahora, la acusación y la fiscalía, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, tienen dos semanas de plazo para redactar los escritos de calificación de los hechos.

La justicia investiga los presuntos delitos de prevaricación y cohecho que pudieron haber cometido, entre otros, el propio Gabriel Cañellas, y los actuales consejeros del Gobierno balear José Antonio Berastáin y Bartomeu Reus.

Jaime Bueno declaró que "no se entiende que en este momento, sin pevia participación en la fase de la instrucción, intervenga la Fiscalía Anticorrupción. Parece que se necesita una tutela superior a la Fiscalía de Baleares, por lo que habría que sospechar que la decisión tiene características y connotaciones políticas".

El abogado de Izquierda Unida trabaja actualmente en su escrito de calificación, del que no quiso dar detalles, aunque sí adelantó que pedirá penas de inhabilitación y prisión menor para algunos de los imputados, entre ellos el ex presidente del Gobirno balear.

El secretario general del PSOE en las islas, Francesc Triya, manifestó hoy a los medios informativos que la asunción del caso Túnel de Sóller por parte de la Fiscalía Anticorrupción "se puede interpretar como la confirmación de que hay suficientes indicios para que este caso de corrupción adquiera relevancia nacional".

Para el secretario general del Partido Socialista de Mallorca (PSM), Pere Sampol, el cambio en el ministerio público supone "que hay implicaciones políticas" en el caso