Por este motivo, el fiscal solicitará un total de 12 años de cárcel y 500.000 pesetas de multa durante l juicio previsto a partir del próximo 22 de marzo, que se prolongará durante 17 sesiones, en cada una de las cuales comparecerán 16 testigos, hasta un total de 195.

En su escrito, García Montes señala que el artículo 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la nulidad de los actos judiciales cuando se prescinde de las normas esenciales de procedimiento siempre que se haya producido indefensión, "y aquí existe más que una evidente infracción de este artículo determinante de la nulidad de acuaciones".

Además, considera que la Sala ha vulnerado los derechos fundamentales de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, derecho de defensa y utilización de los medios de prueba pertinentes para la misma, y principio de legalidad ante la ley.

El abogado argumenta su petición de nulidad de actuaciones en el hecho de que todavía no ha tenido conocimiento de la documentación incautada a Rumasa que constituye la prueba documentaria en la que el fiscal basa "su preregina acusación" y que "debe ser inexcusablemente entregada para ejecutar debidamente el soberano derecho de defensa".

Además, indica que la Sala todavía no se ha pronunciado sobre la admisión de las pruebas solicitadas por la defensa de José María Ruiz-Mateos.

Señala que en la convocatoria de juicio oral, el tribunal no ha establecido un calendario para la comparecencia de los procesados, testigos y peritos para cumplir con las previsiones legales y evitar la comparecencia de más de 10 testigos aldía, lo que, según el abogado, no se cumplirá al haber propuesto sólo la defensa 198 testigos.

Además, dice que es "notorio y evidente" que la resolución de la Sala fijando la fecha de la vista oral infringe el requisito fijado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 248 determina que al notificarse una resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y en su caso los recursos que procedan, órgano ante el que deban interponerse y plazo para ello.

Además de Ruiz-Mateos, ambién están procesados en este sumario otros cuatro ex directivos de Rumasa, para quienes el fiscal pide penas que oscilan entre los 5 y los 20 años de cárcel y multas que ascienden a 16.000 millones de pesetas por delitos de falsedad en documento mercantil y oficial, así como apropiación indebida.

Tras conocer el señalamiento del juicio, Ruiz-Mateos declaró: "No pienso asistir; me tendrá que conducir la policía. No pienso defenderme ni tendré abogado de ninguna clase, o todo o nada".