La mayoría que forman PSOE y Convergència i Unió (CiU) frenaron hoy la exigencia del resto de los grupos para que, al menos, el dictamen considere también responables políticos de la gestión de Roldán a Corcuera y Asunción.

"Espectáculo lamentable", "fracaso de la comisión" y "actuación muy grave de PSOE y CiU" fueron algunas de las opiniones que vertieron al término de la reunión de la comisión los representantes de PP, IU, PNV, Esquerra Republicana de Catalunya y Coalición Canaria.

Estos grupos no aceptaron la propuesta "intermedia" que presentaron PSOE y CiU para circunscribir a Roldán la responsabilidad política y, además, hacer constar en el dictame que las irregularidades detectadas en la Guardia Civil se produjeron "porque en el ámbito del Ministerio del Interior hubo cierto desorden y un nulo seguimiento de la actuación del señor Roldán", según explicó el presidente de la comisión y diputado de CiU, Josep López de Lerma.

El resto de grupos de la oposición entiende que esta consideración sería muy etérea y supondría pasar por alto el hecho de que dos ministros han dimitido a causa del 'caso Roldán'.

Según Pilar Rahola, de Esquerra Republiana de Catalunya, PSOE y CiU pretenden dejar el dictamen de la comisión "por debajo del propio listón que se pusieron en su día el propio Ejecutivo y Felipe González, cuando aceptaron la dimisión de Corcuera y Asunción". "Es el fracaso de la comisión a causa del rodillo socialista-convergente".

En ausencia ante los periodistas de los diputados del PSOE, la respuesta que dio a esto López de Lerma fue: "Corcuera y Asunción ya han dimitido y han asumido sus responsabilidades políticas. El dictamen debe mrar hacia el futuro, no hacia el pasado".

Para López de Lerma, hay grupos que no se atreven a presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, y quieren presentar "mocioncitas de censura cada día" con exigencias como las planteadas hoy. "PP e Izquierda Unida no piden sólo que se incluya a Corcuera y Asunción. Añaden 30 nombres más", agregó.

VERANEO DE GONZALEZ

Luis Ramallo, del PP, denunció que la actitud hoy de los socialistas y de CiU "es un síntoma más de la descomposición el Gobierno, a la que el señor González tendrá que poner remedio cuando venga de veranear de Cartagena de Indias".

A su modo de ver, resulta "incongruente" que dimitan dos ministros por la actuación de Roldán y no se quiera reflejar este hecho en el dictamen. Para Rosa Aguilar, de Izquierda Unida, es "una vergüenza y un hecho muy grave" para la comisión la estrategia de CiU.

José Juan González de Txabarri, del PNV, consideró que las responsabilidades políticas no se pueden centrar sólo en Roldán."A lo largo de los trabajos de la comisión se han ido depurando responsabilidades políticas y por lo menos habría que describir lo sucedido", indicó.

Estimó que no es preciso hablar de nombres en las conclusiones sobre responsabilidades políticas, porque eso sería convertir el dictamen en un "listín telefónico", pero sí dijo que sería necesario hacer constar el estado de cosas que dio lugar desde el Gobierno a las actuaciones fraudulentas de Roldán.

Incluso Luis Mardones, de Coalición Canaria, trdicional aliado de las tesis socialistas, se distanció hoy de la postura del partido mayoritario. "La propuestas del PSOE y CiU es impresentable, por lo 'light' que es, sobre todo cuando Corcuera y Asunción ya han asumido sus responsabilidades de forma implítica al dimitir", dijo.

Esta tarde la comisión volverá a reunirse para ver si es posible llegar a un acuerdo, que todo apunta a que va a ser imposible. Excepto PSOE y CiU, es previsible que el resto de grupos presenten votos particulares.

En e resto del dictamen hay acuerdo unánime. Por petición de la oposición, se acordó incluir hoy en el texto final algunos aspectos que no estaban en el borrador inicial, como la constatación de que también existen "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de "otras personas" próximas a Roldán.

Asimismo, hoy se acordó hacer una mención expresa en el dictamen al grupo 'Pata Negra', a los servicios secretos del CESID, así como incluir como recomendación legislativa que se elimine el derecho recoocido por ley ahora a las empresas de no justificar el 5 por ciento de sus gastos anuales en concepto de inversiones en el exterior.