Así lo anunció hoy en el Senado el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, quien contestó una pregunta formulada en este sentido por la parlamentaria popular María Rosa Vindel López, quien acusó al fiscal general de tener una especie de "alergia" a iniciar por sí mismo los procedimientos.

El responsable de la cartera de Justicia recordó que sobre los hechos e informaciones relativos al patrimonio de Roldán existen en la actualdad cinco procedimientos judiciales abiertos, por presuntos delitos de prevaricación, calumnia y falsificación en documento privado.

Según Belloch, en los cinco procedimientos en marcha está personado ya el ministerio fiscal, "y de una manera activa", proponiendo diligencias con vistas al esclarecimiento de la eventual veracidad de las informaciones publicadas, "por lo que el Gobierno considera innecesario lo que su señoría sugiere en su pregunta", remachó el ministro.

En el turno de réplica, la enadora Vindel dijo que si de una persona que ha desempeñado un cargo público durante años se informa día tras día que ha incrementado de forma espectacular su patrimonio, sin conocérsele más oficio que el ejercicio de dicho cargo, y sin que haya respuestas ni acción oficial alguna, "entonces estamos entrando en un mala dinámica: generar la desconfianza y alimentar la sospecha".

SENSACION DE IRREGULARIDAD

A su juicio, nadie que esté al frente de una institución pública puede verse envuelto en una siuación que dé lugar a una permanente sensación de irregularidad ante la opinión pública.

"Y para eso", agregó, "el fiscal general del Estado tiene facultades para actuar en defensa del interés público, promoviendo la acción de la justicia, bien de oficio o bien a petición de los interesados".

Las críticas vertidas por las senadora del PP motivaron una encendida defensa del ministro de Justicia a la actuación del fiscal general del Estado.

Belloch quiso dejar claro que la posición del Gobiern respecto al ministerio fiscal es la de "respetar escrupulosamente" la autonomía del fiscal general del Estado en el ejercicio de la acción penal individual.

Asimismo, subrayó que su departamento ha fijado como una prioridad central la averiguación exhaustiva de todos aquellos supuestos en que pueda ponerse en duda la actuación de funcionarios públicos.

"Lo que no va a hacer el Gobierno", advirtió Bellooch, "porque sería contradictorio con el sentido de la Constitución, es pedirle (al fiscal geneal) que ejerza acciones penales concretas e individuales".