El acusador público redujo su petición de pena al entender que el intermediario cometió un presunto delito de falsificación de documento público, pero no de estafa. Por su parte, la acusación particular también disminuyó su solicitud de condena, de 12 a 8 años de prisión.

Murice Jean Lauze, único encausado en el juicio por el "caso Petromocho", que quedó hoy visto para sentencia, obtuvo los documentos con los que engañó al Gobierno asturiano para instalar una rfinería de petróleo en Asturias, a través de un contacto en la embajada de Arabia Saudi, según declaró en la vista oral Enrique Gutiérrez de Terán, mandatario de la embajada saudí.

Lauze, que compareció por espacio de casi hora y media ante Luisa Bernardo Rúa, titular del juzgado número 3 de lo Penal de Oviedo, mantuvo en todo momento que los documentos que presentó a los responsables del Gobierno regional y que contemplaban los pormenores de la fraudulenta inversión no habían sido falsificados y que e los había expedido la propia Embajada saudí.

"Juro delante de Dios que no he falsificado nada. Me siento dolido, estafado y sometido una acusación que no es verdadera", dijo Lauze.

El intermediario francés ha sido juzgado por la presunta falsificación de los documentos que presentó durante las negociaciones que mantuvo con el Gobierno del Principado de Asturias entre abril y mayo de 1993, presidido por entonces por el socialista Juan Luis Rodríguez Vigil. El supuesto objetivo de la negociación ra instalar una planta petroquímica en las cercanías de Gijón, con una inversión de 300.000 millones de pesetas a cargo del Saudí Internacional Bank, lo que daría lugar a la creación de más de 3.000 puestos de trabajo.

Enrique Gutiérrez de Terán, mandatario de la embajada Saudí, afirmó durante su comparecencia como testigo que los documentos manejados por Lauze habían sido facilitados por el anterior responsable de relaciones públicas de la embajada, Alfonso Lázaro, amigo personal del intermediario frncés, que fue despedido cuando se conoció el engaño.

Sin embargo, Lauze mantuvo en todo momento la inocencia de su amigo y aseguró que dichos documentos fueron ordenados por el viceconsul de la embajada. Asimismo, mantuvo la autenticidad de otro documento que permitía la firma de un precontrato para la inversión, supuestamente firmado por el presidente del Saudí Internacional Bank, el príncipe Abdullah Ibn Faisal que fue negado por la entidad.

Los documentos manejados por el Gobierno regional y pesentados por el fiscal y la acusación particular son fotocopias de los originales, lo que motivó que la defensa impugnara todas las pruebas documentales, al descartar que no hay originales, ni tienen registro de entrada y de salida de la Consejería de Industria.

Por su parte, el entonces consejero de Industria, Victo Zapico, declaró que sólo manejó fotocopias, ya que "la negociación había que llevarla en secreto". Además, reconoció que en representación del Ejecutivo autónomo envió un fax a Luis Martnez Noval, titular del Ministerio de Industria cuando ocurrieron los hechos, en el que le ponía al corriente de la operación.

Zapico aseguró que conoció al encausado a través del empresario asturiano Juan Blas Sitges, del que dijo que "para mí era un hombre muy fiable y no pedimos los originales de los documentos porque confiabamos en su solvencia, y porque además me dijo que los había visto".

Por su parte, el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez Vigil declaró ante la magistrada que dl contrato firmado el 18 de mayo de 1993, que recogía la puesta en marcha del proyecto, sólo conocía las líneas generales, ya que las negociaciones directas las llevaba Víctor Zapico.