El PA se querella por esta vía contra los cuatros inculpadosy contra cualquier persona que se haya podido beneficiarse de los hechos. Los regionalistas andaluces solicitaron además la declaración del empresario sevillano Manuel Domínguez.

Los andalucistas se refieren a cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y violación de secreto. El vicesecretario general del PA, Mariano Pérez de Ayala, lamentó "la imagen de picaresca que ofrece Andalucía con casos como el 'caso Guerra' y el 'caso Ollero'".

Agregó que "el PA ha tenido queacudir a los tribunales porque los socialistas se han negado a ofrecer toda la información en el Parlamento de Andalucía".