Concretamente, Gutiérrez compareció ante la magistrada para aclarar el pago a la Junta de Andalucía con una factura presuntamente falsa, cuyo importe supera los 40 millones de pesetas, según la denuncia anónima que dio origen al "caso Ollero".

El ex jefe de seguridad del Gobierno andaluz está acusado de ejecutar y recaudar fondos mediante la concsión de servicios de seguridad a empresas, previo pago de comisiones.

La factura de 40 millones de pesetas fue emitida por la empresa Inpiasa en junio de 1990, por unos supuestos informes técnicos, pero sin recibir en realidad nada material a cambio.

La jueza Pilar Llorente investiga la adjudicación presuntamente irregular de material electoral a la empresa jiennense Inpiasa durante los pasados comicios autonómicos en Andalucía, en 1990.

El Partido Andalucista e Izquierda Unida han solicitad que el Gobierno andaluz aclare en el Parlamento autonómico la implicación en este asunto del ex jefe de seguridad de la Junta. En concreto, han pedido la comparecencia en la Cámara autonómica del consejero de Gobernación, Angel Martín Lagos, responsable del área de seguridad del Gobierno andaluz.

Manuel Gutiérrez Copado fue cesado recientemente por orden de la Consejería de Gobernación de su cargo como jefe de seguridad. Según fuentes del Ejecutivo regional, la destitución está relacionada con su impicación en el proceso judicial que instruye la magistrada del "caso Ollero".

Gutiérrez Copado ha sido destinado a la Escuela Andaluza de Policía y su puesto ha quedado momentáneamente vacante hasta la creación de la futura policía autónoma.