Uno de los condenados, José Angel Lozoya, mostró su "consternación porque no existen pruebas jurídicas para dictar esta sentencia condenatoria" y agregó que que "el Tribunal Suremo, al mantener la condena, no ha tenido en cuenta la realidad social y cultural del país en estos momentos".

A su juicio, el Tribunal Supremo está condenando "unos hechos que ocurrieron en 1980, 5 años antes de que saliera la ley del aborto, por lo que en esos momentos no se sabía cómo iba a ser esa ley".

"Lo único que sabíamos por aquella época", precisó, "es que el PSOE reclamaba el aborto libre que después en el Gobierno no ha puesto en vigor".

El médico condenado por delito de aborto riticó que "una mujer pueda ver su nombre dentro de un proceso judicial porque cualquier fiscal o cualquier juez interprete que el aborto es un ilegalidad".

Lozoya afirmó, asimismo, que "se ha podido acordar esta condena porque la ley actual de interrupción voluntaria del embarazo permite que se dicten este tipo de sentencias".

"La ley actual del aborto es una ley tremendamente limitada y restrictiva que permite a cualquier mujer ir a una clínica para abortar sin que le pongan ningún problema siepre que pague", dijo.

Finalmente, aseguró que "el Tribunal Supremo ha errado y esta sentencia va a suponer en cualquier caso un test para el nuevo Gobierno".

Por su parte, la parlamentaria socialista Angeles Aparici anunció hoy en la Cámara andaluza que "las mujeres del PSOE van a pedir al Gobierno el indulto para todos los condenados".

Angeles Aparici aseguró que "ya hemos entrado en contacto con los nuevos ministros de Justicia y de Asuntos Sociales para que agilicen la posibilidad del indlto".

Con el fallo hecho público hoy por el Tribunal Supremo, los condenados no tendrán que ingresar en prisión al no tener antecedentes penales pero no podrán ejercer su profesión ya que han sido inhabilitados durante 7 años.