Martín Llevot, de 63 años, fue condenado a seis años de prisión por un delito de falsedad en documnto y a dos penas de inhabilitación especial por prevaricación y denegación de auxilio a la justicia.

Su encarcelamiento se produce después de que el Tribunal Supremo confirmase el pasado mes de diciembre un fallo dictado el 16 de noviembre de 1990 por la Audiencia de Vizcaya en la causa abierta por las torturas infligidas en 1981 a Tomás Linaza Euba, padre de un miembro de ETA.

Martín Llevot es el único de los nueve guardias civiles condenados que tendrá que ingresar en prisión, ya que el resto,entre ellos el teniente coronel Rafael Masa, fueron condenados a inhabilitación o a penas inferiores a un año, por lo que no deberán ingresar en la cárcel.

En el momento de suceder los hechos, Martín Llevot era comandante en el cuartel de la Guardia Civil de la Salve, en Bilbao, cuando Tomás Linaza, después de ser arrestado en los calabozos, sufrió una "brutal paliza".

De esa paliza no pudo ser reconocido por el forense, debido a Martín Llevot comunicó al médico que el detenido había sido ya trasadado a Madrid, declaración que ratificó por escrito ante la jueza instructora, Elisabeth Huerta, pese a saber que era "positivamente falso".

El encarcelamiento de Martín Llevot, ordenado por la Audiencia de Vizcaya, no significa que el Gobierno renuncie a plantearse su indulto, según se desprende de las manifestaciones realizadas por el ministro del Interior, Antoni Asunción, al diario "ABC", en una entrevista publicada el pasado 13 de febrero.

Asunción señaló entonces que "si se solicitan (los ndultos de los implicados en el 'caso Linaza') el Gobierno estudiará su concesión o deengación" y al preguntarle si el Ministerio del Interior se pronunciará a favor o en contra, contestó: "Este Ministerio no es dudoso y naturalmente se pronunciará a favor del indulto, porque son delitos muy antiguos... En cualquier caso, es el Gobierno quien debe pronunciarse".