Estas responsabilidades políticas y jurídicas afectan también según los populares, al ministro de Economía, Carlos Solchaga, quien para Alvarez Cascos, secretario general del PP, "ha mentido de forma deliberada y gravísimamente al Parlamento Español"; al ministro de Industria, Claudio Aranzadi, a su predecesor, Juan Carlos Croissier, en la actualidad presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Igualmente, el PP estima que las responsabilidades se extienden a los sucesivos secretarios de Estado de Comercio, Fernández Ordóñez, Ruiz Ligero y Feito Hrnández y a los directores de Transacciones Exteriores, Eguidazu, Fernández Méndez, Luis Alcaide y Manuel Conthe.

Para la comisión integrada por el secretario general del PP, Francisco Alvarez Cascos, y los ex diputados Ramallo y Milian, está demostrado que el Grupo KIO-KIA era el propietario al cien por cien del Grupo Torras y que el Gobierno español no podía desconocer a la luz de los documentos que KIO y KIA eran agencias estatales del Gobierno de Kuwait, por lo que cualquier inversión requería preiamente la aprobación del Consejo de Ministros, de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Inversiones Extranjeras.

Sin embargo, señala el punto tercero del escrito de conclusiones, el Gobierno ha aplicado una normativa improcedente para autorizar las inversiones extranjeras y producido daños "graves e irreparables en el empleo, en la economía nacional y, en general, en los intereses y en el prestigio de España". En consecuencia, todas las inversiones efectuadas por KIO en España "son actos nulos de pleo derecho por haber sido dictados por órgano manifiestamente incompetente".

Las conclusiones a las que ha llegado el Partido Popular precisan que el Gobierno, "al incumplir sus funciones de control, seguimiento e inspección, es responsable político del fracaso del proceso de reconversión de fertilizantes" y apunta el carácter lesivo al interés nacional al desconocer los pactos suscritos entre Ercros-Fesa/Enfersa-Freeport/Mc. Moran y L' Ofiice Cherifiene des Phosphates (OCP), una de las mayores productras de fosfatos naturales del mundo.

La comisión del PP insiste que este hecho "podría situar al país en una posición de peligrosa debilidad", al poner en manos del complejo marroquí "la llave del mercado nacional de consumo de fertilizantes".

Para los responsables del Partido Popular, el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno "son responsables de una grave violación del artículo cuatro de la Ley de Procedimeinto Administrativo", al vulnerar la normativa sobre inversiones extranjeras sjetas a "autorización especial".

De ello se deriva, dice el punto sexto del escrito de conclusiones, "una flagrante violación del artículo 103 de la Constitución, que obliga a la Administración Pública a servir con objetividad los intereses generales como sometimiento pleno a la Ley y al derecho".