Conthe señala que "las inversiones efectuadas en España por el grupo KIO han sido tramitadas como si se tratara de inversiones efectuadas por inversores privados, existe una manifiesta discordancia entre la previsión normativa (sobre las inversiones extranjeras) y la realidad".

El entonces responsable de Transacciones Exteriores apunta en su escrito que sólo cabían dos posibilidades: "autorizar a posteriori las inversiones yarealizadas, o modificar la actual normativa".

Respecto a la primera opción, Conthe indica claramente que "implicaría el público reconocimiento de, por lo menos, cierta negligencia por parte de este Ministerio en la tramitación de las mencionadas inversiones", pero evitaría la declaración de nulidad sobre estas operaciones.

En cuanto a la reforma del Reglamento de Inversiones Extranjeras, exigiría una norma con rango de Real Decreto, según prevé la ley que regula este tipo de actividades, al objet de diluir el carácter estatal de las inversiones realizadas por entes públicos extranjeros, como era el caso de KIO.

Una segunda alternativa legal, añade Conthe, "sería modificar, no ya el Reglamento de Inversiones Extranjeras, sino la propia Ley".

En su escrito al gabinete de Solchaga, el actual responsable del Tesoro hace un repaso a la estrcutura jurídica y financiera de KIO en España, y señala que, aunque KIO disponía "de un elevado grado de autonomía en sus decisiones financieras, su gestió está sometida a la aprobación de la llamada 'Kuwait Investment Authority', órgano de la Administración Pública kuwaití del que son miembros, entre otros, el ministro de Finanzas y el gobernador del Banco Central".

Tras afirmar que cualquier operación a cargo de "los Gobiernos y todas aquellas entidades oficiales de soberanía extranjera necesitarán autorización especial, para poder realizar inversiones de capital extranjero en España", Manuel Conthe reconoce explícitamente "que las inversiones gestiondas en España por KIO entran de lleno en el ámbito de aplicación del régimen especial, lo que haría preceptivo su autorización por el Consejo de Ministros".

SOLO UNA EXCEPCION

Según su informe, Conthe señala que ninguna de las inversiones de KIO fueron sometidas a la previa aprobación del Gobierno socialista, excepto la realizada en la Compañía Agrícola del Barbate S.A., que fue autorizada por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 1983.