Con la denuncia se adjuntaba la documentación presentada públicamente por el Partido Popular, entre la que figura una carta en la que un director general de Transacciones Exteriores advertía al Ejecutivo de la presunta ilegalidad en la autorización de las inversiones de KIO en España, al no cumplir la ley sobre capitales extranjros.

La denuncia señala que, a pesar de ello, el Gobierno no aplicó la obligada ley de inversiones extranjeras, por lo que pudo producirse un presunto delito de prevaricación.

La jueza titular de este juzgado, Ana María Ferrer, abrió el pasado martes diligencias indeterminadas, número 142/93, por esta denuncia y ayer acordó inhibirse a favor del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Felipe González, según informó Christian Jiménez.

El constructor anunció a esta agencia que tiene revisto personarse en el Alto Tribunal mediante una querella criminal contra González que el letrado Marcos García Montes está ultimando.