Esta Carta, aprobada por unanimidad en el Congreso el 16 de abril de 2002, pretende mejorar las garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia, capítulo en el se incluye la asunción de responsabilidades por el Estado en caso de errores judiciales. En concreto, en el apartado "Una Justicia responsable ante el ciudadano", este documento surgido del Pacto de la Justicia indica que las reclamaciones indemnizatorias por errores judiciales "se tramitarán con preferencia y celeridad".

La Carta destaca que "el ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", al tiempo que añade que "los daños causados en cualesquiera bienes o derechos" darán lugar a las indeminzaciones fijadas por la ley.

Este podría ser el caso de Dolorez Vázquez, que ha pasado 17 meses en la cárcel en cumplimiento de la condena a 15 años de prisión que le impuso un jurado como responsable del asesinato de Rocío Wanninkhof.

Esta sentencia fue posteriormente anulada por la Audiencia Provincial de Málaga, que decidió repetir el juicio al entender que Vázquez había sido condenada sin pruebas suficientes. La nueva vista estaba previsto que comenzase el pasado 14 de octubre, pero fue aplazda al aparecer nuevos datos que vinculaban el asesinato de Rocío Wanninkhof con el de Sonia Carabantes, crímenes de los ahora se ha autoinculpado Tony Alexander King.