El portavoz de la APM, José Manuel Suárez, dijo a Servimedia que a priori no ve "obstáculos a la mera existencia de la base de datos, porque es un soporte para prevenir delitos y para, en su caso, tener líneas de investigación".

Señaló que, a su juicio, sería legal incluir en est archivo los nombres tanto de personas condenadas como de otras que no lo han sido, ya que en la actualidad los ciudadanos ya figuran en numerosas bases de datos.

No obstante, destacó que habría que introducir limitaciones, como informar a la persona afectada de que ha sido incluida en este archivo, aunque la posibilidad de retirar el nombre no dependiera del afectado, ya que se trata de un fichero de interés policial.

Además, Suárez estimó que la inclusión de personas "meramente sospechosas" y sn mayores antecedentes policiales debería hacerse "muy excepcionalmente".

Añadió que no tendría un "soporte legal claro" someter a vigilancia previa a alguna de las personas incluidas en la base de datos sin indicios de que pudiera haber cometido algún delito.