Según ha sabido Servimedia, estos archivos han sido regulados por la Consejería vasca de Interior, algo que coincide con el debate sobre las bases de datos policiales y la trascedncia que las pruebas de ADN han tenido en la detención de Tony Alexander King, asesino confeso de las jóvenes Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes.

A este respecto, el Departamento que dirige el consejero Javier Balza ha establecido que las muestras de ADN serán recogidas tras pedir consentimiento al interesado o tras ordenarlo un juez.

El fichero de ADN contendrá el perfil genético de las personas analizadas, información que ha sido catalogada como de alta seguridad y que podrán ser cedida en virud de la legislación por la que se rige la Policía vasca, así como de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

A su vez, la base de datos de voces pretende aplicar los avances tecnológicos para proceder a la identificación de los emisores de voces que tenga registrados la Ertzaintza, y que serán personas incursas en procedimientos o investigaciones policiales.

La recogida de la información se realizará a través del propio interesado o mediante las actuaciones de los distintos serviciosy unidades de la Policía autonómica. Asimismo, la base de datos incluirá información como el sexo, defectos físicos detectables o estados anímicos de las personas cuyas voces sean registradas.

La regulación de estos ficheros por parte del Gobierno vasco se produce después de que el Ministerio de Justicia impulsase la aprobación en septiembre en el Senado de varias enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que los jueces puedan obligar a un sospechoso a someterse a un análisis de ADN. Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunciaba también su intención de regular la Comisión Nacional sobre el Uso Forense del ADN, a la que corresponderá, entre otras funciones, acreditar los laboratorios facultados para contrastar perfiles genéticos, coordinarlos o garantizar la seguridad de los resultados.