Los dirigentes del PP han trasladado al diputado regional Luis María Huete y a los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno que el partido vería con muy buenos ojos una solución de este tipo y están a la espera de que los tres cargos públicos den una contestación a la Ejecutiva del PP de Madrid.

Los contactos están resultando un poco complicados en algunos casos, ya que aseguran que los iplicados en el "caso Funeraria" están "ilocalizables", aunque tanto Viñals como Moreno han estado presentes en el pleno del Ayuntamiento esta mañana y Huete también ha pasado por el Parlamento autonómico.

Aunque el Código Etico que el PP aprobó en 1993, coordinado por Alberto Ruiz-Gallardón, obliga a los responsables públicos de la formación acusados en un caso judicial con claros indicios de delito a poner su cargo a disposición del partido, la dirección popular quiere llegar a un consenso con los trs implicados para que sean ellos los que tomen la iniciativa.

Huete, Viñals y Moreno están acusados de un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y maquinaciones para alterar el precio de las acciones de la empresa funeraria Funespaña durante el proceso de privatización de la compañía, que era propiedad del Ayuntamiento de Madrid.