La resolución del Supremo, que no deseaba interferir en el proceso electoral, se produce un día antes de que los peritos atifiquen su informe, prueba prevista para mañana con asistencia de todas las partes, a partir de las 11 de la mañana.

En un auto que será notificado mañana a las partes, la Sala responde así a una cuestión de competencia que se planteó cuando los parlamentarios socialistas querellados en la causa, Carlos Navarro y Josep María Sala perdieron su fuero al ser disueltas las Cortes el pasado mes de abril.

De acuerdo con las mismas fuentes, el escrito no entra "en el fondo" de la cuestión, pero recogelos informes emitidos previamente por el fiscal, Antonio Salinas, y el instructor, Marino Barbero, favorables a que la investigación continúe en el alto tribunal.

Tanto el fiscal como el magistrado basaron su argumentación en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía catalán, ya que el ex senador Sala todavía es diputado autonómico.

Según el citado precepto, los parlamentarios catalanes sólo pueden ser investigados y enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, excepto si los hehos denunciados se cometan fuera del ámbito de esta comunidad, en cuyo caso la competencia corresponde al Tribunal Supremo.

Además, Barbero insistió en su informe en que detectaba "bastantes" incidios racionales de criminalidad en la conducta de los querellados y que los posibles delitos se produjeron fuera de Cataluña.

El alto tribunal precisa en su escrito que es competente sólo de momento porque, si Sala dimitiese de su cargo y perdiera su fuero, las diligencias deberían ser remitidas a los jugados ordinarios correspondientes.

La admisión de la competencia del Tribunal Supremo en el caso pone fin asimismo a la polémica surgida cuando Marino Barbero citó a los peritos para que se ratificaran en su informe, en el que detectaron irregularidades en la relación comercial entre Filesa y el PSOE, tres días antes de las elecciones.

La Sala había advertido al instructor que, hasta que no se resolviese el tema de la competencia, se abstuviera de practicar aquellas diligencias que no fueran "urgntes e inaplazables", por lo que la citación de los peritos fue intepretada por las partes como el colofón de la campaña electoral.

Ante las protestas Barbero optó por retrasar la prueba a mañana, día 8, con la intención de no interferir en el proceso electoral. Sin embargo, desde el momento en que el Supremo se ha declarado competente en el caso, el instructor puede ya seguir practicando todas las pruebas que estime oportunas, sean urgentes o no.

De ese modo, quedan también sin efecto los recurss interpuestos por algunas partes contra esta diligencia, aunque la Sala ha anunciado que entregará mañana también la resolución de estos recursos a las partes.