El fiscal del caso, Antonio Salinas, coincidiendo con el criterio del fiscal general del Estado, Eligio Hernández, pidió una prórroga para emitir su dictamen sobre el asunto, hasta que se esclarezca si el artículo 31 de Estatuto de Autonomía de Cataluña es aplicable en est proceso.

Según este estatuto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el competente para investigar al senador socialista Josep Maria Sala, dada su condición de parlamentario catalán, salvo en el caso de que los actos que se le imputen se hayan producido fuera de esta comunidad autónoma.

La fiscalía cree que las imputaciones que afectan a Sala exceden del ámbito territorial catalán, pero la duda se plantea porque el instructor del caso, el juez Marino Barbero, ni siquiera se ha pronunciao sobre los indicios de delito que existen contra Sala, por lo que fue requerido nuevamente por el Tribunal Supremo el pasado martes.

Por su parte, Eligio Hernández ha anunciado que convocará en los próximos días a la Junta de Fiscales de Sala, integrada por los fiscales jefes de los máximos organismos judiciales, para conocer su opinión al respecto, y que respetará la decisión que adopte.