El presidente de la Sala de lo Penal, Enrique Ruiz Vadillo, se mostró hoy partidario de que sea el tribunal conformado para cada caso concreto el que decida sobre su competencia para el proceso, pero siempre de acuerdo con los criterios generales que se adopten en la reunión del próximo iércoles.

Por lo que respecta al "caso Filesa" surge ahora la duda de qué sala será la que resuelva si la causa sigue en el Supremo, ya que la "sala del 61" desestimó hoy la recusación interpuesta por Ainco contra los magistrados Ruiz Vadillo, Luis Román Puertas y José Augusto de Vega a los que acusó de interferir en la labor del instructor del caso, Marino Barbero.

La sala especial, presidida por el presidente del alto tribunal, Pascual Sala, no sólo ha rechazado las imputaciones sino que ademásha impuesto una multa a la asociación "por temeridad" y convocará en audiencia previa al abogado de Ainco, Antonio Urdiales, por si hubiera incurrido en falta disciplinaria.

Sin embargo, la sala recusada no volverá a encargarse del caso hasta que la resolución sea firme, ya que ésta puede ser recurrida en súplica. Mientras tanto, ha de ser la sala sustituta, formada por Ramón Montero, Carlos Granados y Eduardo Moner, la que prosiga con las diligencias.

Esta sala solicitó el pasado viernes al magitrado Barbero un informe "inmediato" en el que especificara si, a lo largo de la instrucción, ha adoptado alguna medida cautelar o dictado alguna resolución inculpatoria contra el diputado del Parlamento catalán, Josep María Sala, querellado en la causa por su presunta vinculación en la trama de financiación ilegal del PSOE.

El escrito de Barbero será remitida mañana mismo a la sala, según informaron fuentes próximas a la investigación, que estimaron asimismo que la respuesta de Barbero será negativa,ya que el propio Barbero, en su último informe a la Sala, indicó que el diputado catalán no estaba formalmente inculpado.

En cualquier caso, la sala no adoptará una decisión antes de contar con un informe previo del fiscal del caso, Antonio Salinas, que ya ha sido requerido para ello.

Las dudas sobre la competencia del Tribunal Supremo para instruir el "caso Filesa" surgieron la semana pasada después de que el PP, personado como acusación particular en la causa, reclamó la vigencia de una ley de912 que prevé que la competencia del alto tribunal en los procesos contra aforados persiste hasta el final "con independencia de la vida legal de las Cortes a que pertenecieran los acusados", aunque otros juristas consideran que esta ley fue derogada por la Constitución.

Asimismo, tras la disolución de las Cámaras, sólo Josep María Sala mantiene su fuero como diputado catalán por lo que, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la competencia para procesarle corresponde al Tribunal Superior de Justcia de Cataluña, salvo en el caso de que los hechos delictivos se hayan producido fuera del territorio catalán.