El informe, elaborado por los inspectores Pilar Valiente, María del Carmen González y José Luis Carrero y ratificado hoy por éstos, consta de 470 folios y señala a los ex parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Maria Sala como dos de las personas que intervinieron "con poder de decisión" en las actividades del grupo.

El documento consta de tres partes: las relaciones comerciales y financieras de Filesa, Malesa y Time Exportcon sus clientes y proveedores; la situación fiscal de todas las empresas implicadas, y una relación de las personas que intervinieron en la dirección y gestión del grupo, entre las que está incluido el ex responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.

PAGOS SIN MOVIMIENTO EN CUENTA

Los inspectores encontraron "indicios razonables de falsedad" en la documentación mercantil relativa a las relaciones de las 3 empresas con los proveedores del grupo (Distribuidora Express 2020 y Tecnología Informáica 2020), que se concreta en "meros movimientos financieros", sin que puedan constatar la existencia de contrapartidas que justifiquen la salida de fondos de Filesa y Time Export.

Entre ellos destaca el supuestro cobro de 70 millones al PSOE por el alquiler de la sede electoral de la calle Gobelas de Madrid, "sin que este movimiento se haya producido en realidad". La simulación de estos pagos se efectuó a través de Aresbank, Aresinter y Siaf.

Respecto a las empresas que llegaron a pagar hasta 99 millones de pesetas a Filesa por labores de asesoramiento (entre ellas el Banco Central, BBV, ABB, Catalana de Gas, Cepsa, Focsa, Abengoa, Enasa y Pryca), los peritos aseguran que no pueden constatar la "realidad material" de estas contraprestaciones, ya que la mayoría de estas sociedades no han podido aportar los informes encargados.

ANOTACIONES FICTICIAS

Para los inspectores de Hacienda, los pagos por los informes, que estiman inexistentes, constituyen "meras liberalidades" y su declaración fisca como gasto produce cuotas impagadas de un importe superior a los 300 millones de pesetas.

Además, el reflejo contable de estas operaciones supondría "la materialización de anotaciones contables ficticias", que afectan tanto al grupo de Filesa como a sus clientes.

Por otra parte, los pagos por servicios no recibidos y que, sin embargo, figuran como gastos en la declaración fiscal, determinan la existencia de cuotas tributarias superiores a los 5 millones, "cuya elusión de pago podría dar lugar, e caso de considerarse probados los hechos, a la apreciación de cuotas defraudadas y reflejos contables ficticios".