Según informaron fuentes próximas a la investigación, Barbero espera conocer el estudio pericial, que consta de cerca de 500 folios, para completar el informe que a su vez deberá remitir a la Sala para especificar qué indicio de delito atisba contra los aforados y la conveniencia o no de solicitar el suplicatorio a las Cámaras.

El hecho de que el magistrado no haya practicado más pruebas desde que finalizaron las declaraciones, el pasado día 25 de febrero, y haya enviado un oficio al PSOE para recabar "información detallada" de la actividad realizada por los parlamentarios entre 1987 y 1991, hacen suponer, según las mismas fuentes, que el magistrado se inclinará por pedir el suplicatorio.

Una vez comiencen los trámits, la causa quedará automáticamente paralizada, según lo previsto por la legislación, hasta que no haya un pronunciamiento del Senado y del Congreso, que tienen derecho por otra parte a requerir si es preciso todo el sumario para elaborar su ponencia.

En este último supuesto, la paralización de la causa podría prolongarse indefinidamente, máxime teniendo en cuenta que en otros casos, como en el del senador Iñigo Iruin, la Cámara Alta se tomó cuatro meses para conceder el suplicatorio.

NUEVAS CITACIOES

Las mismas fuentes consideraron que, ante esta posibilidad, es lógico que el magistrado no haya procedido a realizar nuevas citaciones que, por otra parte, resultan necesarias después de que durante un mes interrogara a más de 20 testigos, muchos de los cuales eludieron su responsabilidad en los hechos al explicar al juez que las cuestiones sobre las que se les preguntaban escapaban de sus competencias.

Así respondieron al menos varios de los representantes de las empresas que encargaron infores a Filesa, por los que pagaron cientos de millones de pesetas, estudios que sin embargo no han podido ser aportados a la causa por haber sido destruidos, en unos casos, o haber desaparecido, en otros, como ocurrió con el BBV.

Estos datos hacen imprescindible, según las mismas fuentes, la comparecencia de nuevos testigos, entre ellos todas las personas que han sido involucradas a través de los medios de comunicación y de los documentos incautados en los más de 40 registros judiciales llevados a cabo or Barbero.

De momento, las acusaciones particulares ya han solicitado al magistrado que tome declaración a la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aida Alvarez; el ex ministro y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, y la actual presidenta de la compañía, Mercé Sala, por las supuestas comisiones del AVE.

Asimismo, demandaron la comparecencia del ex responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote; el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Martín Noval, y el presidentedel BBV, Emilio Ybarra, peticiones que fueron desestimadas por Barbero, "sin perjuicio de que posteriormente el instructor pueda estimar oportuna la práctica de estas diligencias".