Según informaron a Servimedia fuentes de la fiscalía, Salinas argumenta que la comparecencia de los peritos no reviste carácter de urgencia, ya que no puede ser apremiante una diligencia que ha sido convocada con 21 días de antelación.

Asimismo, destaca que el instructor ya había previsto esta prueba para el pasado mes de abril, pero él mismo la suspendió para esperar a que se esclareciera si continuaba siendo ompetente para instruir la causa tras la disolución de las Cortes.

El fiscal subraya que sólo pueden ser consideradas diligencias urgentes e inaplazables las que se refieren a la privación de libertad de las personas, ya sea para ordenar ingresos en prisión o poner en libertad a un encarcelado.

La Junta de fiscales de Sala llegó ayer a un acuerdo unánime sobre lo que debía considerarse una diligencia de carácter urgente e inaplazable, una vez paralizada la causa.

No obstante, dejó libre a lo fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo para decidir la forma de mostrar su decisión, si por el recurso directo, tal y como ha sido, o esperando a informar en contra de la prueba durante la resolución de los recursos presentados ya por las defensas.

Por lo que respecta al informe de competencia, Salinas ha terminado por imponer su criterio de que debe ser el Tribunal Supremo quién continúe instruyendo la causa de momento, ya que los hechos por los que es investigado el ex senador y diputado catalán Josep María Sala, excedieron el ámbito territorial catalán.

Según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, los diputados catalanes sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si los delitos imputados se han cometido dentro de la comunidad; en caso contrario, la competencia corresponde al Tribunal Supremo.

No obstante el fiscal insiste en que el instructor debe pronunciarse cuanto antes sobre los indicios de delito contra los querellados para despejar cualquier duda al especto.