El abogado de la acción popular, Marcos García Montes, pidió el pasado 16 de abril que se ampliara la querella por presunta financiación ilegal del PSOE al vicesecreario general del partido, Alfonso Guerra; al secretario de Organización, José María Benegas, y al responsable de Finanzas, Francisco Fernández Marugán.

Un mes más tarde, el 26 de mayo, solicitó una nueva ampliación de la querella, esta vez a los últimos responsables del área de Finanzas del PSOE, Guillermo Galeote y Emilio Alonso.

Respecto a la primera, el abogado aportó diversa documentación en la que acusa a Guerra, Benegas y Fernández Marugán de delitos contra la Hacienda Pública, obstrucciónla justicia, falsedad en documento y malversación de caudales públicos en los casos de fondos procedentes de empresas públicas.

Sin embargo, en su informe, hecho público hoy, el fiscal argumenta su rechazo a esta ampliación en que las imputaciones que se hacen a los querellados "no tienen el suficiente apoyo fáctico para poder ser tenidas en cuenta con las consecuencias jurídicas que se pretenden".

Asimismo, dice que la conducta atribuída a los querellados ya está siendo investigada por el juez nstructor del "caso Filesa", Marino Barbero, y señala que "no se observa materia delictiva en la conducta atribuída a José María Benegas en orden a una hipotética obstrucción a la justicia".

Añade que del documento que García Montes adjuntó al escrito de petición de ampliación de la querella -una carta de "Euromailing Publicidad" que demuestra, a su juicio, que el pago de bienes y servicios a proveedores son utilizados normalmente por el PSOE-, "no se desprende, por sí solo, la participación de los qurellados en los hechos que integran su contenido".

Indica que en esa misiva, Francisco Escobar Sánchez (militante socialista), dirigiéndose a Guerra, "se limita a poner en su conocimiento unos determinados hechos y problemas" surgidos entre esa empresa y Distribuidora Express 2020, "empresa vinculada muy estrechamente con Aida Alvarez, coordinadora de Finanzas del PSOE en época anterior a los hechos que se relatan, a fin de que contribuya a su solución".

El fiscal agrega que, además, dichos hecho tuvieron lugar en el mes de mayo de 1987, "con anterioridad a la existencia de Filesa S.A. (11 de febrero de 1988) y, asimismo, con anterioridad a la compra de Time Export S.A. por Carlos Navarro y José María Sala (3 de julio de 1987), empresas que, junto a Malesa S.A., integran el holding cuya actividad delimita el ámbito de la causa 880/91" ("caso Filesa"), por lo que no fue objeto de investigación por los peritos.

En la otra ampliación de querella, García Montes acusaba a Galeote y Emilio Alonso d falsedad en documentos privados, mercantiles y públicos, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, así como de sendos delitos de prevaricación, coacciones y extorsión, al recaudar el PSOE de forma irregular más de 500 millones de pesetas para financiar la campaña del referéndum de la OTAN de 1986 y para las elecciones de ese año.

En su informe, el fiscal afirma que tampoco procede porque ninguno de los querellados ostenta la condición de aforado y porque los hechos que acaca a Galeote y Alonso se desarrollaron con anterioridad a la creación de Filesa y la compra de Time Export por Navarro y Sala.