Con la comparecencia de estos dos altos cargos del BBV, el juez Barbero inició hoy una nueva ronda de declaraiones en la que comparecerán un total de 41 directivos de empresas y bancos que presuntamente pagaron grandes sumas de dinero por informes inexistentes a las empresas relacionadas con la financiación irregular del PSOE, Filesa, Malesa y Time Export.

Durante más de cinco horas, el juez Barbero tomó declaración esta mañana a los dos consejeros del BBV, quienes reconocieron la existencia y la utilización por parte de la entidad bancaria de los informes.

Sin embargo, ninguno de los dos altos cargos pdo decir dónde se encontraban dichos informes, alegando que habían sido encargados personalmente por Pedro Toledo. Esta explicación es la misma que dio hace más de un año la dirección del BBV cuando el juez Barbero le requirió el envío de uno de los informes desaparecido.

No obstante, los consejeros señalaron que parte de los pagos por esos estudios habían sido efectuados con posterioridad a la muerte del anterior presidente del BBV.

La declaración de estos dos directivos coincide con la efectuad ante el juez hace poco más de un año por el actual secretario general de la entidad bancaria, José Luis Segimón, quien afirmó que el BBV continuó realizando pagos a Filesa por valor de 260 millones tras la muerte de Toledo, ya que en vida del anterior presidente sólo se llegaron a pagar 42 millones de pesetas.

Segimón precisó entonces que Toledo ordenó expresamente a José Antonio Sáez-Azcúnaga poco antes de morir que efectuase dichos pagos, explicación que motivó en su día que las acusaciones del "cao Filesa" solicitasen la comparecencia del directivo del BBV.

Tras esta declaración, efectuada el 26 de enero del pasado año, Segimón fue llamado al día siguiente de nuevo ante el juez para explicar la desaparición de uno de los informes encargados a Filesa por el que el BBV pagó 196 millones de pesetas.

Por otra parte, también compareció hoy ante el instructor del "caso Filesa" Felipe Cañellas Viralta, representante legal de Gas Natural, que fue llamado por el juez para que ratificase sus declarciones efectuadas hace un año.

Reconoció que la denominada entonces Catalana de Gas pagó 8.400.000 pesetas a Filesa por un informe cuyo contenido y paradero no pudo precisar debido a su escasa cuantía en relación a la facturación global de la empresa.

El juez Barbero tiene previsto tomar declaración mañana, miércoles, a Juan Manuel Echevarría Hernández y Juan Bule Hombre, secretario del Consejo de Administración y secretario general, respectivamente, del Banco Central Hispano (BCH), que supuestamnte pagó 204 millones de pesetas a Filesa por sendos informes, que tampoco han aparecido.

Además, deberá comparecer Julián Martínez Simancas, director del Area Jurídica de Mora y Contencioso del BCH para ratificarse en sus declaraciones efectuadas hace un año, en las que afirmó que los informes fueron encargados en 1989, mientras que él se hizo cargo de la asesoría jurídica un año más tarde.