La comisión que ha negado los refuerzos a Barbero está integrada por el presidente del CGPJ, Pascual Sala; el vicepresidente, José Luis Manzanares, y los vocales María Teresa Fernández de Vega, José Luis Granizo y Wenceslao Díez Argal.

El texto del acuerdo se remie al Plan de Urgencia para la Actualización de Determinados Organos Judiciales, aprobado por el pleno de este organismo en enero de 1991, en el que se niega la formación de comisiones de apoyo en la instrucción de las causas judiciales.

"Si el normal funcionamiento de algún órgano judicial pudiere verse perturbado por haberle correspondido, en virtud de los mecanismo legales de asignación concreta de competencias, un asunto de especial complejidad o dificultad, habrá de acudirse a la propuesta de otra medidas previstas en la norma (refuerzo de plantilla, exención parcial o total de reparto, etc...), sin que quepa por tanto el establecimiento de los sistemas o comisiones de apoyo que aquí se consideran", dice el texto.

Por ello, la Comisión Permanente indica que un "supuesto distinto" hubiera sido que el magistrado solicitara auxilio para tareas de ordenación, clasificación o preparación del material procesal acumulado en la causa, "que podrían ser desempeñadas por personal de secretaría, en lugar e acudir a la designación de jueces o magistrados".

Barbero ya cuenta con dos funcionarios asignados especialmente por el Ministerio de Justicia, que se incorporaron el pasado mes de septiembre al Alto Tribunal para ayudarle en las tareas derivadas de las diligencias.

El magistrado había sido eximido anteriormente de participar en cualquier otra causa para dedicarse plenamente al "caso Filesa", al igual que el secretario judicial, Ricardo Rodríguez, y el fiscal Antonio Salinas.

Pese a ello, l pasado mes de julio Barbero se dirigió al presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo, para pedirle la asignación de dos jueces adjuntos y la habilitación de un despacho para cada uno de los magistrados y para el secretario judicial.

Ruiz Vadillo contestó explicando que la designación de jueces adjuntos no era de su competencia y que la carencia de espacio en el Alto Tribunal, que además se encuentra en obras, hacía "muy difícil" conseguir más despachos.

Barbero llevó entonces su soliciud al CGPJ, en un momento en el que ya había decidido pedir la tramitación del suplicatorio para proceder contra el senador Josep Maria Sala y acordar poco después la paralización temporal de la causa hasta obtener el permiso se la Cámara Alta.