No obstante, el magistrado deja abierta la posibilidad a que el careo se celebre posteriormente, en el caso de que así lo requiera la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE a través del 'holding' Filesa.

Esta petición fue realizada por el abogado de la acción popular Marcos García Montes con el fin de esclarecer las "discordancias" habidas, a su juicio, entre las declaraciones de Escámez y las de varios directivos del anco Central en relación al encargo y abono de dos informes a Filesa, por los que esa entidad bancaria pagó más de 200 millones de pesetas.

Para el letrado, las contradicciones se centran en que mientras varios directivos del banco, entre ellos el consejero delegado de la entidad, Epifanio Ridruejo, dijeron al juez que el encargo y pago de los informes a Filesa fueron ordenados personalmente por Escámez, éste reconoció en su comparecencia ante el magistrado, el pasado 28 de abril, que había autorizadoel abono, aunque señaló que los informes los había encargado una comisión de técnicos.

Por otra parte, el juez ha solicado a diversas entidades bancarias los movimientos de las cuentas particulares de tres de los cuatro querellados en el sumario, el ex diputado socialista Carlos Navarro y los administradores de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, con el fin de que puedan ser objeto de un examen pericial, como solicitó el pasado mes de abril el fiscal del caso, Antonio Salinas, petición a la que acceió Barbero.

Por otro lado, el magistrado todavía no ha fijado fecha para la toma de declaraciones en calidad de testigos de diversos directivos de 5 empresas proveedoras de Filesa, de Time Export y del PSOE, debido a que está a la espera de que la policía judicial le facilite las direcciones de algunos de sus responsables para poder citarles.