Según Alberto Pérez, portavoz de AINCO, aunque todavía noles ha sido notificado el acuerdo del alto tribunal, no presentarán recurso de súplica por considerar que todo el proceso ha sido "nulo de pleno derecho", ya que la Sala no es competente para decidir sobre el asunto.

En su opinión, tanto Pascual Sala como el presidente de la Sala de lo Militar del alto tribunal, José Jiménez Villarejo, encargado de redactar el texto de la resolución como ponente del incidente, deberían haberse abstenido de votar en la reunión de ayer.

El portavoz explicó que ambo magistrados, que formaban parte de la Sala especial, no debían intervenir en la resolución por encontrase directa e indirectamente implicados en una querella presentada hace ya más de un mes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra numerosos miembros de la judicatura de Málaga.

AINCO denunció presiones por parte de la magistratura y la fiscalía de la Audiencia de Málaga, ciudad donde tiene su sede, y amplió la querella la semana pasada al presidente del Poder Judicial, Pascual Sala.

Según Alberto Pérez, como denunciante, Sala debería haberse abstenido en la votación, postura que también debía haber secundado Jiménez Villarejo, como hermano del fiscal jefe de la Audiencia de Málaga, querellado por la asociación.

AINCO recusó a mediados del pasado mes de febrero a los magistrados Enrique Ruiz Vadillo, Luis Román Puertas y José Augusto de Vega, por estimar que interfirieron en la labor del instructor del "caso Filesa", Marino Barbero, al increparle para que se pronunciara sobre lo indicios de delito contra los aforados querellados en la causa.

El incidente de recusación ha sido resuelto por una Sala especial compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala; los presidentes de cada una de las cinco salas del alto tribunal, salvo en el caso del recusado Ruiz Vadillo y los magistrados de mayor y menor antigüedad de cada Sala, según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.