El letrado acusa a los dos querellados de delitos de falsedad en documentos privados, mercantiles y públicos, malversación de caudales públicos, delito contra la hacienda pública, delito de prevaricación, delito de coacciones y delito de extorsión.

Para García Montes, la presunta recaudación de los 500 millones de pesetas fue el inicio "de un largo camino en la diseñación de una estrategia que contraviene el Código Penal y que debe investigarse para llegar al final e la pirámide supuestamente delictiva en la que realmente tendrán participación activa u omisiva todas aquellas personas que conocieran la recaudación de fondos, su ingreso en el PSOE y su destino final".

El escrito de la acción popular pone de manifiesto las presuntas irregularidades de los pagos realizados por diversas empresas, en su mayoría dedicadas al ramo de la construcción, que se reflejan en el "modus operandi" de la recaudación, llevada a cabo "con una falta de verdad en los conceptos" y conuna "descarada" ocultación de nombres y datos futuros, "para evitar en una investigación llegar al fondo y dar lugar a porosidades o ambigüedades".

García Montes responsabiliza en primer lugar a Emilio Alonso, responsable de las finanzas socialistas hasta 1987, año en que fue sustituído por Guillermo Galeote, "produciéndose una clara desviación de la perfectamente ideada trama de financiación ilegal a las compañías Filesa, Malesa y Time Export".