'CASO CONSTRUCCION'. PIDEN PENAS DE CARCEL PARA EL EX ALCALDE DE BURGOS POR UN DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLIC
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El abogado de la acusación particular en el 'caso de la construcción' de Burgos pidió hoy penas de cárcel para el ex alcalde de esa localidad, José María Peña, y cuatro de los miembros de su corporación, durante la vista celebrada en el Tribunal Supremo de los 11 recursos de casación presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que en 1992 les consideró culpables de un delito continuado de prevaricación.
Los cinco procesados fueron condenadosentonces a penas de 12 años de inhabilitación especial para cargo público por ese delito y a 6 años más de suspensión y 60.000 pesetas de multa por otro delito continuado de revelación de secretos.
Por su parte, el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, artífice, según la sentencia, de las infracciones urbanísticas en las que colaboró el equipo de gobierno del Ayuntamiento burgalés, fue condenado a 7 años de cárcel por falsedad en documentos públicos y privados.
Durante la vista celebrada hoy, e abogado de una de las acusaciones particulares, Gonzalo Martínez Fresnedo, acusó a los anteriores miembros del Ayuntamiento burgalés de ser autores de un delito de falsedad en documentos públicos, por lo que solicitó al tribunal que les imponga una pena de cárcel similar a la que fue condenado el constructor.
Martínez Fresnedo también solicitó para éste una ampliación de su actual condena de 7 años de prisión por falsedad, ya que, a su juicio, también es autor de un delito de estafa.
Estas acusaiones fueron rechazadas tanto por la defensa de Peña como por la de Méndez Pozo. El abogado defensor del primero, Gonzalo Rodríguez Mourullo, pidió en la vista la anulación de la sentencia anterior y la absolución de su patrocinado por considerar que se vulneraron durante el juicio derechos constitucionales de su defendido y que éste no incurrió en prevaricación.
En este sentido, dijo que desde que Peña accedió a la alcaldía de Burgos, el constructor Méndez Pozo perdió puestos en el "ranking" de constuctores de la localidad y tuvo menos obras, rebatiendo así las acusaciones de trato de favor por parte del Ayuntamiento.
Asimismo, negó que su defendido incurriese en un delito de revelación de secretos, tal como estableció la primera sentencia, ya que, según Rodríguez Mourullo, no existía una norma expresa que prohibiese entregar a Méndez Pozo la información urbanística que solicitaba y la Ley de Procedimiento Administrativo obliga a todo lo contrario.
Horacio Oliva, defensor de Méndez Pozo, coicidió con la defensa del ex alcalde de Burgos en que el constructor de no se vio favorecido por Peña, sino que dijo que cuando éste accedió a la alcaldía, Méndez Pozo dejó de ser el primer promotor de la ciudad.
(SERVIMEDIA)
14 Ene 1994
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