Guinard era el último de los tres inculpados que todavía cumplía condena en la prisión provincial de alma. A su salida del recinto penitenciario, Guinard no quiso hacer declaraciones y se limitó a increpar a un grupo de periodistas que le esperaban a la puerta.

El Tribunal Supremo, en sentencia del pasado mes abril, confirmó la condena dictada por la Audiencia Provincial de Palma el 19 de febrero de 1993. Este tribunal condenó a los tres acusados a penas que sumaron 14 meses de arresto mayor y al pago de 300 millones de pesetas por un delito de cohecho y un intento de soborno a un concejal del PSOE. La Sala Segunda del Tribunal Supremo también consideró válidas como prueba las cintas grabadas por José Miguel Campos en las que se recogían conversaciones acerca de los planes de los responsables del intento soborno.

La resolución judicial absolvió a los acusados de los delitos de tráfico de influencias que habían sido planteados por el ministerio fiscal y la acusación particular que representada al PSOE de Baleares.

El ex militante del Partido Popular de Baleares, Miguel Deiá, y el vicepresdente del PP en Calviá, Andreu Bordoy, fueron condenados cada uno a cuatro meses de arresto mayor y al pago de una multa de 100 millones de pesetas cada uno por el delito de cohecho.

La sentencia confirmó la intención de los condenados por cambiar la composición política del ayuntamiento mallorquín de Caviá, con el objeto de favorecer determinadas inversiones inmobiliarias que supuestamente habrían sido posibles disponiendo el PP de mayoría absoluta en el plenario municipal.

Por su parte, el promtor inmobiliario Guillem Guinard fue condenado a una pena de seis meses y al pago de una sanción de otros cien millones de pesetas. Sobre Guinard recayó una pena adicional de cuatro meses de cárcel por un delito contra la salud pública anterior a su participación en el "caso Calviá" y que todavía no había cumplido.

Otros dirigentes del PP en Baleares fueron absueltos de culquier responsabilidad. Tal fue el caso del presidente del PP en Baleares y presidente del Gobierno Balear, Gabriel Cañellas, quientuvo que prestar declaración ante el juez a raiz de la denuncia que hizo el PSOE, que le implicaba en el caso como el hombre que había dado el visto bueno a toda la operación.