Al parecer, los documentos que entregó Rodríguez a las autoridades españolas estaban relacionados con ocho supuestos justificantes de transferencias relacionadas con marco Aurelio Royo, presidente del BBVA Banco Ganadero de Colombia.

En concreto, presentó unos documentosque hacían referencia a ocho operaciones relacionadas con Royo y la compra de la entidad filial colombiana y que, según la versión del testigo protegido, corresponderían a presuntas transferencias injustificadas que tendrían la finalidad de facilitar el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.

Ante estas acusaciones, el banco que preside Francisco González contrató a la auditora KPMG para que verificase la veracidad de estos documentos.

En este sentido, el informe señala que "los erores e inconsistencias de formato, así como la información incompleta y errónea en nombres y números de cuentas, observado en los ocho documentos que justifican las presuntas transferencias bancarias, presentados como evidencia por el Sr. Rodríguez, sugieren que estos documentos parecen tener una fuente común y no reflejan transacciones reales".

KPMG destaca en su informe las acusaciones vertidas por el testigo protegido en relación a esos documentos, que sumarían un total de 554 millones de dólares. Además, la auditora detectó que el sistema utilizado, llamado "Swift", en las transferencias no se correspondía con el instalado en BBV Colombia y en sus filiales del resto de países (Panamá, Suiza, Jersey y Gran Caimán).

En cambio, KPMG sí observó que los documentos presentados por Rodríguez se asemejaban al formato de sistemas de transferencias "Cash Conector", utilizado por el BBV Puerto Rico.

"Debido a que estos dos sistemas funcionan independientemente uno del otro y que cada sistema impime un registro de sus transacciones en su propio formato estándar, sería imposible que las filiales del BBVA que usan el sistema "Swift" imprimieran un registro de una transacción bancaria a través del sistema "Cash Conector" y al contrario", agrega el informe de la auditora.

Con estos datos, la consultora concluye en su informe que los documentos presentados por el testigo protegido son falsos y no reflejan transacciones reales, motivo por el cual el BBVA ha pedido al juez que actúe por la vía penalcontra Rodríguez por delito de falsedad documental.

Actualmente, Rodríguez cumple condena de prisión en Puerto Rico por fraude bancario y apropiación indebida después de reconocer ante un juez de Estados Unidos que se adueñó de casi 50.000 dólares en pago del BBV Puerto Rico a bufetes de abogados locales que trabajaban para él.