Los procesados por el "caso Banesto" estn acusados, entre otros delitos, de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el ex presidente de Banesto una pena de 49 años y seis meses, así como una multa máxima de 72 millones de pesetas si se aplica el Código Penal actual. El Ministerio Público pide que, en caso de aplicarse el antiguo Código Penal vigente en el momento de los hechos, Conde sea condenado a 48 años de cárcel.

El fiscal exige que Conde indemnice al banco con 3.761 millones depesetas y al Fondo de Garantía de Depósitos con 192.541 millones, que es el resultado de restar lo que este organismo dedicó al saneamiento de Banesto y lo que recuperó. Esta última cantidad debería abonarla solidariamente junto con Arturo Romaní, ex vicepresidente de Banesto, y con Rafael Pérez Escolar, Juan Belloso, Ramiro Núñez y Enrique Lasarte, ex directivos de la entidad bancaria.

Respecto a Arturo Romaní, ex vicepresidente segundo de Banesto y de la Corporación Industrial, el fiscal solicita 42años y seis meses de cárcel (40 años si se aplicara el Código Penal derogado). Para Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto, el fiscal pide 18 años de cárcel, según el Código Penal vigente, y 12 teniendo en cuenta el derogado.

El fiscal solicita para Fernando Garro, ex director general de Banesto, 13 años de cárcel según la nueva norma penal o 12 años en caso de optarse por el Código derogado.

Mariano Gómez de Liaño, ex abogado de Conde; Francisco J. Sitges, ex presidente de Asturiana de Zic, y Eugenio Martínez Jiménez, ex directivo de Banesto, se enfrentan a una petición de 11 años de prisión y multa máxima de 18 millones de pesetas según el nuevo Código. Estos acusados se librarían de la multa en caso de que se les aplicara el antiguo Código Penal.

Para el financiero francés Jacques Hachuel, el fiscal pide seis años de prisión con el actual Código Penal y dos años menos si se le aplicase el antiguo.