Murillo, que defiende los intereses de 600 trabajadores que compraron acciones de Banesto antes de la intervención del Banco de España, añadió que "ojalá esto sirva de ejemplo para que todas las causas lleven el mismo ritmo".

Según explicó, aunque cuatro años parezcan muchos, ésta ha sido una instrucción muy rápida teniendo en cuenta la escasez de medios de la justicia española.

UGT considera que la gestión de Mario Conde y la auditora Price Waterhouse perjudicaron a lo trabajadores de Banesto, muchos de los cuales decidieron comprar acciones después de que la citada compañía hiciera informes favorables de la situación de la entidad en 1991, 1992 y 1993.