Ereño prestó declaración durante casi cuatro horas y contestó sólo a preguntas del fiscal, rechazando las acusacines que se realizan contra él, a excepción de la falsedad de las facturas de la empresa Codemol, con las que justificó la compra de casi 151.000 kilos de sulfato, que aseguró haber utilizado para la cimentación del edificio en construcción.

El fiscal acusa a Ereño de un delito de estafa por ocultar a Azpiegitura la existencia de un informe geotécnico que advertía de problemas de cimentación en el edifició que encarecían el presupuesto de la obra. También le imputa un delito de falsificación de documeno mercantil por emitir certificaciones de obra por valor de 571 millones de pesetas por inyecciones en los cimientos "sin justificar".

Asimismo, le acusa de inducir a falsificaciones de documentos privados y oficiales, ya que pidió a diversas personas que dictaran informes avalando su trabajo "para evitar los recelos de los técnicos de Azpiegitura". Por estos cargos, el fiscal pide una pena de doce años de prisión.

En su declaración Ereño manifestó que, una vez iniciados los trabajos, surgieron poblemas que aconsejaban "efectuar inyecciones de sulfatos, cemento y agua en el terreno". En un principio pensó que bastarían 3.000 o 4.000 metros cúbicos de esta mezcla, pero finalmente comprobó que eran necesarios 11.000 metros cúbicos porque, según dijo, esta cuestión sólo se puede determinar a pie de obra.

Ereño reconoció que fue "un desastre como administrativo" y afirmó haber comprado el material para la cimentación en diversos establecimientos, de los que no puede presentar facturas. Sí reconocó haber solicitado al responsable de la empresa Codemol, Pedro Larrabeiti, otro de los encausados, que le hiciera tres facturas falsas que entregó posteriormente al juzgado.

"Es mi pecado -aseguró-; pensé que no era nada más que un delito fiscal. Es la única trampa que he hecho en mi vida".

También explicó que solicitó informes al profesor de la Universidad de Cantabria, Jesús Saiz de Omeñaca, y al profesor de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, Roberto Idiondo, ambos imputados por el fiscal, par que le confirmasen si las inyecciones eran efectivas.