Una comisión de los afectados denunció hoy en rueda de prensa el retraso, que puede prolongarse al menos hsta septiembre, y anunció medidas de presión y movilizaciones para reclamar el acceso a sus puestos de trabajo. También pedirán apoyo al Valedor do Pobo, al considerarse indefensos ante la Administración y sin posibilidades de presentar ningún tipo de recurso administrativo.

Entre los motivos del retraso figura el hecho de que existan menos plazas que aprobados, dado que en la Xunta hay interinos que no lograron aprobar las oposiciones y que sin embargo por ley no pierden el empleo hasta que haya dos uevas convocatorias.

Según uno de los portavoces de la comisión de afectados, el biólogo Alberto de Coo, más de la mitad de los afectados están en el paro y sin posibilidad de acceder a otro puesto de trabajo por no saber cuánto durará la espera.

Otro de los portavoces de la comisión, Luis López-Agra, indicó que de los aprobados que están empleados ya en la Administración autonómica, la inmensa mayoría son interinos, en ocasiones desde hace diez años, y sin posibilidades de promocionarse o particpar en cursos para directivos.

Los portavoces de la comisión indicaron que ya se entrevistaron en una ocasión con el director general de la Función Pública de la Xunta, quien no supo darles una fecha sobre su incorporación a los puestos de trabajo y que sólo les apuntó la posibilidad de que sea el próximo mes de septiembre.

El próximo jueves, los representantes de los afectados se concentrarán ante la sede de la Xunta y presentarán sendos escritos ante el consejero de la Presidencia, Dositeo Rodrguez, y el director general de la Función Pública. Además, presentarán una queja sobre su indefensión ante el Valedor do Pobo y explicarán su situación a sindicatos y portavoces de los grupos parlamentarios.

Los 849 opositores afectados pertenecen a diferentes grupos, aunque siempre a escalas o cuerpos especiales, como ingenieros, biólogos, arquitectos, químicos, veterinarios a agentes forestales.

En algunos casos son plazas de funcionarios destinados a labores de supervisión. Al permanecer vacanes, en la Administración autonómica proliferan los contratos de asistencia técnica que benefician a numerosas empresas privadas, según los afectados.