Así se desprende del estudio ‘Nuevo modelo en la movilidad futura: análisis de datos y del ciudadano’, elaborado por Appinio y las consultoras PONS Mobility y Nort3 en el marco del Comité de Movilidad de la Asociación Española de Marketing (AMKT) y dado a conocer este miércoles, en plena Semana Europea de la Movilidad.

El estudio, basado en una encuesta realizada el pasado 2 de septiembre a 1.000 participantes de 18 a 65 años, señala que el 88,5% de la población española ha sufrido el alza en los precios de los carburantes durante los últimos seis meses.

Ello da pie a que casi la mitad (un 43,5%) haya reducido bastante su movilidad en el uso de vehículos de combustión, mientras que un 32,4% lo ha hecho con respecto a sus vehículos alternativos (eléctricos, híbridos e híbridos enchufables).

De la encuesta se desprende que los ciudadanos demandan nuevos servicios de movilidad en sus ciudades, como un servicio urbano de bicicletas públicas (36,4%), servicios de VTC (35,5%) o servicios de alquiler por días (25,6%).

Solo un 20,2% de los españoles apunta a 2035 como el año clave para que el parque móvil sea mayoritariamente eléctrico en España, es decir, coches 100% eléctricos y de ‘cero emisiones’. Se trata de la fecha fijada por los países de la UE para que desde entonces solo se vendan coches y furgonetas de nueva matriculación sin emisiones.

Respecto a la prohibición de matricular más vehículos de combustión a partir de 2030, son más afines a esta postura las generaciones más venideras (74% de los jóvenes de 18 a 24 años). Por el contrario, el 61% de la población más mayor estaría de acuerdo con las limitaciones y restricciones de movilidad impuestas desde la UE.

Por otro lado, más de la mitad de los españoles se muestra poco partidario de ceder sus datos de hábitos de movilidad. Así, el 55,4% asegura estar poco o nada dispuesto a compartir los datos de sus desplazamientos con instituciones públicas, porcentaje que se incrementa hasta el 61% en cuanto a entidades privadas.

No obstante, hay una mayor predisposición a compartir los datos con agentes públicos y privados para que estos puedan mejorar la eficacia, seguridad y planificación de los medios de transporte, tales como desplazamientos y billetes gratuitos (39,2%) o descuentos en el bono mensual de transporte (32,5%).