El resto d la deuda actual, otros 1.357,4 millones de euros, sería imputado a la nueva compañía Renfe-Operadora, que nacerá de la actual Renfe para acometer el proceso de liberalización del sector.

Cascos explicó que el objetivo del Gobierno es que la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que surgirá tras la liberalización del sector ferroviario en España como evolución del actual GIF, "debe partir libre de cargas financieras".

Para ello, el Estado asumirá los 5.882,7 millones de euros qu Renfe tiene en concepto de deuda histórica y de mantenimiento de infraestructuras, mientras que la compañía privada Renfe-Operadora mantendría un endeudamiento de 1.357,4 millones de euros en concepto de prestación del servicio ferroviario y por la maquinaria que hereda.

Asimismo, aseguró que esta asunción de la deuda por parte del Estado "no supondría un mayor déficit estructural de carácter permanente", sino una actuación "de una sola vez", que no afectaría al cumplimiento del Pacto de Estabilidad.SIN AFECTAR AL EQUILIBRIO

A este respecto, afirmó que, en el caso de que el Gobierno decida adoptar la propuesta, el acumulado de Deuda Pública en España se situaría en torno al 58%, inferior a la limitación del 60% planteada en los criterios de convergencia de la Unión Monetaria, mientras que el déficit público se incrementaría en un 0,8% del PIB, "muy inferior al 3%" que marca el Pacto de Estabilidad europeo.

Además, Cascos aseguró que este modelo "no es el único posible" y planteó otras dos pciones: el primer escenario en el que el Estado asumiría solamente la deuda histórica (3.846,6 millones de euros) y el ADIF los 2.036,1 restantes correspondientes al ámbito estructural; y el segundo, en el que el Estado no asumiría deuda alguna y el nuevo administrador debería soportar los 5.882,7 millones de euros.

Sea cual sea la alternativa finalmente adoptada por el Ejecutivo, se trataría de que Renfe-Operadora mantenga un endeudamiento de 1.357,4 millones de euros, para poder afrontar con garantas el proceso de liberalización.

"Hay varios escenarios posibles, pero en la medida que sea factible la asunción de la deuda de Renfe por parte del Estado, la potencia inversora del ADIF se verá incrementada, al verse libre del gasto que supondría atender al servicio de la deuda", declaró el ministro.

Finamente, Cascos aseguró que la definición del nuevo modelo ferroviario que, en aplicación de las directivas comunitarias, se contiene en el Anteproyecto de Ley del sector, "es perfectamente viableen cualquier escenario", tanto en aquél en el que el ADIF nace sin deuda, "como en aquellos en los que el nuevo administrador asume parte del endeudamiento contabilizado en Renfe".

La deuda de Renfe a cierre del ejercicio 2001 ascendió a 7.240,2 millones de euros, de los que 3.846 corresponden a la deuda histórica reconocida por el Estado y 3.393,5 millones de euros al inmovilizado material. De estos, el 60% (2.036,1 millones de euros) están asociados a la infraestructura y el 40% restante (1.357,4 milones) corresponden a la prestación del servicio ferroviario.