En declaracions a Radio Nacional (RNE), Asunción manifestó que había formulado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza, por considerar que su actuación constituyó "una extralimitación de funciones", puesto que autorizó "visitas que competen a la Administración".

Por su parte, Manuela Carmena, que participó ayer en el programa "Más vale tarde" de RNE, declaró que "no suponía, ni se me pasó por la cabeza que trajera problemas la visita de la Comisión de Vigilancia de Helsinki". La magistrada explicó que "es lógico y evidente que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria puede ir acompañado de quien considere conveniente para que conozcan la actividad que el mismo juzgado realiza".

No obstante, Carmena señaló que "me parece mal, pero lo comprendo", en relación a la postura adoptada por el secretario general de Asuntos Penitenciarios al denunciarla ante el CGPJ.

"En lugar de tener una actitud que yo diría netamente democrática y constitucional", añadió la jueza, "a vecesla Administración tiene una actitud visceral y excesivamente individualizada o personalizada".

Carmena afirmó también que "cada vez es más difícil entrar en una prisión. Yo creo que la necesaria relación entre ciudadano y preso, entre sociedad y prisión, se está debilitando".

EL EJEMPLO DE ESPAÑA

Por su parte, Antonio Asunción explicó en el programa "Comedor de Invitados" de la misma cadena de radios públicas, que la Comisión de Vigilancia de Helsinki debía haber expuesto "una definición sobre os objetivos del informe, para poder entonces facilitar las tareas".

En cuanto a las críticas vertidas por el informe sobre la masificación, falta de higiene y de salubridad en las cárceles españolas, Asunción reconoció "la parte de masificación, con los errores que tiene (el informe)".

El responsable de prisiones señaló, sin embargo, que "dudo mucho que exista ahora en Europa un programa de construcción de nuevos centros y un Gobierno dispuesto a gastar 150.000 millones de pesetas iniciales".

Asunción cifró en 600 los reclusos en primer grado, cuando "hace tres años teníamos 1.600". Sin embargo, de ellos, sólo crean conflictos unos 50; "esos son", resaltó, "los que nos han distorsionado totalmente el sistema; de esos que digamos que hay que vigilar con mayor insistencia, extremadamente peligrosos".

En cuanto a la masificación de los presos en la mayoría de los centros penitenciarios españoles, explicó que la tasa de creación de plazas está todavía este año en 800, cuando la demanda potencal hasta el año 2000 son 1.600, con lo que se produce un deficit anual acumulado. "Estamos ahora en el peor momento", admitió.

También recordó Asunción que el Gobierno ya aprobó, el pasado 6 de julio, el programa correspondiente, elaborado a lo largo de casi un año, y que incluye un inventario de todo el patrimonio y la segregación patrimonial.

En una referencia a la vigencia de la actual Ley General Penitenciaria, el secretario de Estado comentó que, aunque esa legislación lleva diez años de vigncia, le parece correcta y adecuada.

"Creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo", concluyó, "para poner todo su cumplimiento al pie de la letra y que no sea necesario derogar nada, ni llegar a extremos maximalistas de todo o nada, o blanco o negro".