De esta forma, el heredero d la Corona británica participa en la polémica desatada a raíz de la decisión del Cabildo Insular de Fuerteventura de construir un parque eólico en una zona protegida. La discusión ha alcanzado ya carácter internacional con partidarios y detractores del proyecto.

Mientras la mayoría de los grupos ecologistas canarios se han mostrado en contra de la construcción de más de cincuenta molinos, sus colegas a nivel nacional e internacional opinan lo contrario.

Greenpeace ha sido el último grupo ecologisa en pronunciarse sobre el tema y lo ha hecho apoyando de forma total el proyecto y acusando a la empresa Unión Eléctrica de Canarias (Unelco), filial del Instituto Nacional de Industria (INI), de querer obstaculizar la puesta en marcha del proyecto, ya que supondría una caída en la demanda energética de la compañía.

El proyecto, subvencionado por la Comunidad Europea con 600 millones de pesetas y cuyo coste total asciende a 1.700 millones, está paralizado en la actualidad. Tanto la Consejería de Políica Territorial como la de Industria del Gobierno canario han prohibido de forma cautelar la continuación de las obras. Este parón pone en peligro la subvención comunitaria, que no llegará si la obra no está terminada en octubre de este año.

El presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, José Juan Herrera Velázquez, ha acusado a la Consejería de Industria de estar bloqueando el proyecto "ante la oposición desplegada por Unelco para impedir que la energía procedente del viento pueda entrar en la rd eléctrica".

"No se puede consentir que los intereses económicos de esa empresa se antepongan a los de la isla", aseguró el presidente del cabildo, militante del partido nacionalista Asamblea Majorera.

Los partidarios del parque eólico argumentan a su favor que los 10 megawatios que generará producirá la energía necesaria para desalar el agua hasta el año 2000 y que el coste kilowatio/hora será de una peseta cuando se termine de pagar, mientras la factura de Unelco supone 11 pesetas por kilowati/hora.

Los detractores aseguran, por su parte, que la presencia de los aerogeneradores, situados en un parque natural, perjudicarán a la fauna del lugar, sobre todo a las hubaras, aves en peligro de extinción que están protegidas por la ley.

El debate continúa sin que se perfile todavía cuál de las dos posturas será la que triunfará. De momento, las discusiones están en todo su apogeo, incluyendo sesiones del Parlamento de Canarias, donde se está discutiendo este polémico asunto.