A través de una nota de la oficina del Portavoz del Gobierno, Collado afirmó que de la providencia del TSJ de enviar al fiscal todos los documentos sobre la operación de compra de "Casa Grande", "se desprende que este órgano udicial no ha encontrado indicios de delitos en la documentación que le ha enviado la Comisión de Economía de la Asamblea regional".

Según la nota, el presidente murciano reitera su confianza en la plena objetividad con la que los tribunales emiten sus resoluciones últimas, que son las que ponen fin a los procesos judiciales.

Por otra parte, el coordinador regional de IU y portavoz de su grupo en la Asamblea murciana, Pedro Antonio Ríos, dijo hoy a Servimedia que la decisión del TSJ, "es una deciión de sabiduría política y ganar tiempo para evitar que el peso de la crisis política en la que la región está sumada pueda ser considerada por una decisión de los tribunales".

Asimismo, dijo que no entiende qué importancia tiene la opinión del fiscal en este tema, ya que el Juzgado de Instrucción número 3 lleva el caso desde el 18 de febrero de 1992 y que, "lo realmente importante es que un tema manifiesto y notorio debe ser abordado por la administración de justicia lo más rápidamente posible".

"Ningún ciudadano debe tener trato de favor en la administración de justicia por muy poderoso y presidente que sea", añadió.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Ramón Calero, manifestó a Servimedia que el TSJ "ha adoptado una decisión cargada de prudencia", porque lo que decida el ministerio fiscal va a hacer que el peso de la decisión sobre el procedimiento a seguir en adelante para la determinación de las responsabilidades penales no recaiga solo sobre el TSJ, sino también sobre el miisterio fiscal.

En cualquier caso, según Calero, lo que los políticos del Partido Popular (PP) exigen es que se depuren las responsabilidades políticas, y en eso están mediante la moción de censura que se va a debatir mañana martes.