Así lo indicó en su participación en la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario de Esade Alumni bajo el título ‘Ley de Vivienda un año después: avances y retos’, en la que lamentó el “gran error” que se ha cometido, a su juicio, en la última década por haber priorizado en exclusiva la rehabilitación y el alquiler y se haya perdido el foco en la vivienda en propiedad.

Menéndez mostró su apoyo a complementar los recientemente aprobados avales hipotecarios para la primera compra de jóvenes y familias con menores a cargo con estas dos medidas. La ayuda estatal a la entrada consistiría en un importe que serviría para cubrir parte de los gastos fiscales y administrativos que se deben asumir en la compraventa de un inmueble.

Asimismo, la deducción por compra de vivienda habitual debería ser recuperado de forma “moderada” y “escalada” en función del valor del inmueble. Rechazó, en cambio, la subsidiación de préstamos para que un comprador de vivienda protegida tuviera ayuda para el pago de la cuota hipotecaria porque es un sistema “complejo” para ser asumido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. “Yo lo haría si fuera el ministro, pero no lo soy”, apuntó.

El representante ministerial recordó en el 2013, tras la crisis financiera, había un “consenso generalizado en toda España” de que había centrar los esfuerzos en rehabilitación y alquiler, y, a su juicio, las “consecuencias” de esa postura “en parte es lo que ha motivado el problema de la vivienda ahora”.

“En cuanto haya un equilibrio entre el mercado del alquiler y el mercado de la compra, lógicamente ambos se compensarán y conseguiremos que el alquiler también se modere. A lo mejor sube un poco el de la compra, pero se moderan los dos”, señaló.

COLABORACIÓN-PÚBLICO PRIVADA

La presidenta de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval), Helena Beunza, centró su valoración sobre la Ley de Vivienda en la necesidad de desarrollar los artículos que mandatan el fomento de la colaboración público-privada, para lo cual esperan la próxima creación del Consejo asesor de la Vivienda.

Además, tienen la “mano tendida” a las comunidades autónomas para realizar una implementación “adecuada” de la norma”. En su opinión, el sector “tiene muy claro que quiere entrar y qué necesita para entrar” en la construcción de vivienda asequible.

Desde Vivienda, Menéndez afirmó que la colaboración público-privada se debe realizar tanto en suelos públicos como en los privados. En los primeros, a través de fórmulas como los derechos de superficie o las concesiones demaniales, en línea con lo que ha realizado la Comunidad de Madrid con el Plan VIVE.

En cuanto a los suelos privados, su apuesta es por llegar a acuerdos que consistan en dar ayudas para promover viviendas y que durante un plazo de 15 años se alquilen con rentas limitadas, como es la propuesta del Ayuntamiento de Madrid. Otra opción sería ceder el suelo privado a la administración y que esta lo explotase durante 75 años a través de un derecho de superficie.

Por otro lado, el director de Estudios en el Instituto de Estudios Económicos, Carlos Ruiz, destacó la importancia de que haya “previsibilidad” para el sector privado” y animó también a que en estos procesos de colaboración público-privada participen los grandes tenedores y contribuyan a aumentar el parque de vivienda asequible.

También reclamó que “hay que hacer mucho” en el sector público sobre el problema de la okupación, que está “acotado a una problemática social” y para lo que se debe responder con un “mayor acceso a vivienda asequible para todo tipo de colectivos” y “siempre que no se vulnere el derecho a la propiedad”.

REGULACIÓN PENDIENTE

El representante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha repasado algunas de las cuestiones que el departamento de Isabel Rodríguez tiene pendiente de regular en los próximos meses. Afirmó que la línea de 4.000 millones para que promotores privados y públicos construyan vivienda asequible estará listo en “uno o dos meses”.

Además, la propuesta de índice que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe presentar al Ejecutivo para servir de referencia en la subida anual de los precios de los contratos de alquiler en vigor como sustitución al IPC será “más suave” que este indicador y debe ser aprobado mediante un cambio normativo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Menéndez espera que esté aprobado en el primer trimestre del año que viene.

Por su parte, sobre la regulación de los alquileres temporales, indicó que la norma que se propondrá en el grupo de trabajo que ya ha mantenido dos reuniones y que está pendiente de presentar unas conclusiones, se centrará en que este tipo de alquileres se justifiquen con más detalle, estableciendo el domicilio habitual y aportando la causa que motiva esa tipología de contrato.