Cardenal, durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, señaló que la Carta Magna "no ampara ofertas electorales insensibles al sufrimiento de las víctimas del terrorismo".

A jucio del fiscal general del Estado, "los valores constitucionales no pueden invocarse para justificar una actividad política que hace de la persecución ideológica y de la eliminación física del oponente dos de sus principios rectores".

En este sentido, argumentó que el pluralismo político no puede interpretarse "de forma tan elástica que dé cabida a aquellos grupos que persiguen la destrucción del propio sistema democrático", en referencia al partido que lideraba Arnaldo Otegi.

"DEBER CUMPLIDO"

este respecto, se mostró satisfecho del proceso que ha culminado en la ilegalización de la formación "abertzale". En concretó, expresó, en nombre de su institución, "la satisfacción institucional por el deber cumplido", ya que la Ley de Partidos confirió a la Fiscalía una "responsabilidad crucial" en la puesta en marcha del proceso de ilegalización.

Sobre esta Ley, destacó que "ha puesto de manifiesto que el Estado de Derecho puede dotarse de poderosísimos instrumentos jurídicos para hacer frente al errorismo".

Por otra parte, Cardenal también se refirió en su discurso a otros aspectos, como la evolución de la criminalidad, y dijo al respecto que durante 2002 las diligencias abiertas en los tribunales aumentaron sólo un 0,69 por ciento, frente al crecimiento del 14 por ciento del anterior ejercicio.

Remarcó que este aumento del 0,69 por ciento es "notablemente inferior" a la media de incremento anual de la última década, y que viene siendo alrdedor del 4 por ciento anual.

REFORMA DE LA FISALIA

Otro de los aspectos destacados por el fiscal en su intervención fue la reforma del Estatuto de su institución, y destacó que la modificación da cabida a "los principios de mérito y capacidad frente a la exclusiva referencia proporcionada hasta hora por la antigüedad".

En cuanto a los cambios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Cardenal enmarcó esta reforma en una "aspiración histórica" a una Justicia "más rápida, más ágil" y que "haga del principio de celeridad uno de sus criterios informdores".

En lo que se refiere a la inmigración ilegal, el responsable de los fiscales dijo que "sigue siendo uno de los problemas más preocupantes" de España, y señaló que la "política de Estado" respecto a este fenómeno no puede ser "estática", ya que lo que prima en este terreno es el "dinamismo".