Gay, que es decano del Colegio de Abogados de Barcelona y presidente del Consejo General de la Abogacía, aseguró que la diócesis de Barcelona emprenderá las acciones que considere oportunas para defender el honor de Carles.

En su opinión, las imputaciones de la fiscalía dela localidad italiana de de Torre Annunziata contra el arzobispo por su presunta implicación en una operación de blanqueo de dinero carecen de "fundamento jurídico claro".

Según el defensor de Ricard María Carles, se trata de un caso de "calumnias" contra el arzobispo y no existe ninguna acusación concreta. Añadió que no tiene más datos que los de la información publicada en la prensa y la negativa del Gobierno de España a conceder la comisión rogatoria internacional solicitada hace 7 meses por los ficales italianos para poder interrogar al cardenal.

A su juicio, "no se puede acusar a una persona sólo porque aparece en una cinta magnetofónica en una conversación", en referencia a la mención del nombre del arzobispo en una de las cintas incautadas a personas relacionadas con la camorra italiana.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, expresó hoy su adhesión "pública" al arzobispo de Barcelona, así como su más "absoluta y radical confianza" en su persona.

Según el presdente catalán, "conociendo como conozco bien al cardenal y a alguno de estos fiscales italianos, lamento mucho que haya esta insistencia".

Carles es, en opinión de Pujol, "una persona que, aparte de lo que representa, a mí personalmente me merece la más absoluta y redical confianza, incluso como persona".