Esta es la contestación a la carta remitida al Ejecutivo español por el director general de la Energía de la Comisión, Pablo Benavides, en la que rechaza el plan acordado entre el Gobierno español y los sindicatos par reestructurar el sector del carbón.

Según informó hoy a Servimedia, Rafael Barea, responsable de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, los sindicatos mantuvieron anoche una reunión con la directora general de Minas, Paloma Sendín, para analizar la citada carta y sus posibles consecuencias.

"Nosotros", explicó Barea, "le hemos dicho al ministeiro que el acuerdo que hemos negociado el 15 de julio entendemos que está dentro de las normas comunitarias, y, por tanto, el Gobienro tiene qe defender esa posición, porque para nosotros ese acuerdo es el que tiene validez y no admitiremos ningún retoque en el acuerdo".

Según Barea, la directora general de Minas les dijo que el Gobierno coincide con la postura de los sindicatos y mantiene que el acuerdo es válido y que seguirá desarrollando toda la normativa que de él se derive.

Además, les comunicó que los próximos días 8 y el 9 el secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández Cuesta, y Paloma Sendín acudirán a Bruselas para habar con los funcionarios comunitarios sobre el contenido de esa carta, "y lo defenderán con la misma firmeza que nosotros lo hacemos".

Sobre la carta de Benavides, Barea dijo que es "un absoluto despropósito" y una "injerencia inadmisible y sin precedentes de Bruselas en lo que es la solución del problema de la minería de un país miembro". Recordó que una cosa así no ha ocurrido ni con Alemania, Francia, Bélgica o el Reino Unido.

Además, según Barea, Bruselas "se mete en atribuciones que no les coresponden, ya que la decisión CECA 36/32, que es la que permite las ayudas, lo único que dice es que las ayudas deben ser regresivas, es decir, menores año a año, pero sin cuantificar ni en porcentaje ni en cuantía, y que por ayudas sociales y territoriales se permiten las ayudas, que es el caso en España, y también por impacto medioambiental".

"Esto es lo que dice la decisión, y, por lo tanto, decir en la carta las toneladas que se tienen que reducir es ir más allá de las atribuciones que les compete. Ellos lo que tienen que ver es que las ayudas que da el Gobierno español son menores año a año, y eso lo reconocen en la carta, y, por tanto, estamos cumpliendo con la decisión", explicó.